Lo que se propone en la iniciativa es el requisito de formación académica previa para el ascenso al grado de Oficial dentro de la escala jerárquica del personal policial, con una duración de 5 años: los cuatro primeros se corresponden a la carrera de Oficial de Seguridad, y luego 1 año de especialización obligatoria en alguna de las siguientes materias: narcotráfico, delitos complejos, estafas y defraudaciones, pericias criminales, balística y homicidio.

El proyecto establece la posibilidad de crear otras especializaciones.La formación en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP), seguirá vigente como requisito para el ingreso a la fuerza policial, y en el grado de sub-oficiales. Pero luego, el personal policial que aspire y quiera concursar para el cargo de Oficial deberá atravesar la nueva instancia de formación que este proyecto establece.

Así, los oficiales de seguridad habrán acumulado una formación de 8 años. Además, el personal policial que cuente con el Título expedido por la Escuela de Oficiales tendrá derecho a una bonificación especial.

En el articulo primero se crea  la Escuela de Oficiales de Policía como ente autárquico, en la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, con sede en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

CARRERAS

En el artículo 3 se establecen las siguientes carreras:

a) Oficial de Seguridad;

b) Especializaciones en Narcotráfico, Delitos Complejos, Estafas y Defraudaciones, Pericia Criminal, Balística y Homicidios.

Los títulos respectivos son otorgados una vez aprobados los exámenes que se establezcan, sin que sea posible la promoción automática por cumplir con la asistencia al cursado.

El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con Universidades Nacionales, públicas o privadas, para el cursado, con carácter regular de los alumnos, de aquellas asignaturas del plan de estudios que fuere posible, dentro de la estructura actual de las diferentes facultades y escuelas del sistema de enseñanza superior.

FUNDAMENTOS

Mediante el proyecto de ley se pretende avanzar en materia de seguridad, desde el ámbito de la educación.

A más de 15 años de la sanción de la Ley Nº 12.333, señaló el senador Gramajo, mediante la cual se creó el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) la realidad nos muestra e impone la necesidad de continuar capacitando y profesionalizando al personal policial, para mejorar su eficiencia y eficacia, como una estrategia más en la lucha contra la inseguridad.

“Debo resaltar que el problema de la inseguridad es uno de los principales, por no decir el primero, que el ciudadano común solicita sea atendido por el Estado”, acoto el legislador justicialista.

Es que el accionar de las bandas delictivas en nuestra provincia se ha complejizado, el avance del narcotráfico y crimen organizado va en aumento de tal forma que debemos replantearnos las acciones a implementar, porque urge combatir eficazmente la delincuencia, que a modo de ejemplo, desde las cárceles opera impunemente accionando en todo tipo de delitos, los que superan incluso el ámbito jurisdiccional de la justicia provincial.

La exigencia de una mayor capacitación y profesionalización de los oficiales de policía se presenta como una medida de reacción del estado ante esta nueva realidad.

La profesionalización de las fuerzas policiales se relaciona con el nivel de protección de los derechos humanos fundamentales. El nivel de competencias profesionales con el que cuenten los agentes policiales incide en la eficiencia y eficacia en la defensa de los bienes jurídicos de las personas, a cuyo servicio se encuentran, y contribuye a un mejor y más rápido restablecimiento de los derechos vulnerados, identificación y sanción de quienes fueran responsables, ya que la colaboración de estas fuerzas con la Justicia es fundamental.

Pero para que dicha colaboración sea fructífera y real, y frente al aumento del delito organizado, es necesaria la continua formación y capacitación profesional del personal policial. Además contribuye al prestigio de la fuerza policial y aumento del apoyo y la confianza por parte de la sociedad.

Por competencias profesionales se entiende al conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, actitudes y un experticia que son adquiridos de diversas formas (Adang, 2008; Brodeur, 2011; Perrenoud, 2004; Perrenoud y Carreras Barnes, 2008; Tobón, 2005). Si bien son necesarias competencias que impliquen actitud de servicio, responsabilidad, disciplina y compromiso institucional, debe reconocerse que igual de importante e imprescindible es la formación especial en las distintas áreas de actuación, a los fines de adquirir competencias técnicas profesionales específicas.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para que todo lo mencionado se convierta en ley y contribuir combatir el delito y la inseguridad, finalizó Gramajo.