El gobernador Maximiliano Pullaro abrió este miércoles la segunda subasta de bienes decomisados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), de la que participaron 3.700 personas de las 23 jurisdicciones del país.

En la oportunidad, se remataron 41 vehículos (entre autos, motos y una lancha), dos inmuebles (ubicados en Funes y Roldán) y tres lotes de joyas, bienes que comenzaron la puja con un valor de entre un 30% y un 40% del valor de mercado.

Al respecto, Pullaro destacó que “para nosotros esto es una política pública muy importante, porque entendimos que es fundamental tener una administración ágil de los recursos incautados en los galpones de Aprad”. El objetivo es que “los delincuentes en la provincia de Santa Fe no tengan la capacidad logística, ni los recursos suficientes, para seguir operando. Sacarles los recursos y los bienes significa golpear a las organizaciones criminales en el corazón”.

Asimismo, detalló que “esta es una política pública, enmarcada en muchas más, que tiene que ver con una provincia que se quiere despertar y vivir en paz; y trabajamos muchísimo para que los ciudadanos de bien, las personas que quieren estudiar, trabajar y vivir tranquilas, puedan hacerlo”.

Por último, Pullaro les agradeció a los presentes “por confiar en la provincia de Santa Fe. Para nosotros la seguridad pública es fundamental, y es central demostrar que el Estado tiene mucha más fuerza que las organizaciones criminales. Acá no hay un Estado bobo, hay un Estado inteligente que persigue a los delincuentes, los mete presos, los juzga con condenas ejemplares, pero que además les incauta y subasta sus bienes para que esos recursos vayan a resarcir a sus víctimas o a instituciones de bien público”, concluyó Pullaro.

Política pública que es ejemplo en el país

A su turno, la vicegobernadora Gisela Scaglia sostuvo que “esto debería implementarse a nivel nacional con una ley de extinción de dominio que nos permita una lucha igual contra el crimen organizado. Esta es una política pública ejemplo en el país, la mejor que podemos tener, porque repara a la sociedad y hace justicia”.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló la importancia de “realizar esta segunda subasta de la gestión, y de que ustedes participen y confíen en el Gobierno de Santa Fe, para poder adquirir bienes que provienen del delito, porque les cambiamos la chapa patente a los vehículos, y si compran una propiedad, le vamos a cambiar el dominio en el Registro de la Propiedad”.

“Para nosotros esta herramienta es la forma de quitarle los bienes a los delincuentes de toda la provincia, desde las causas más importantes a las más chicas, y debilitar sus estructuras criminales para que no puedan seguir teniendo plata y operando en el territorio. Con el dinero que se recauda vamos a resarcir a las víctimas de diferentes delitos, aplicarlo a políticas públicas, donaciones a instituciones, reforzar la seguridad y administrar y autofinanciar la Aprad”, concluyó el secretario.

Por último, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, manifestó que “el Gobierno provincial está comprometido con las políticas de seguridad y desde la Municipalidad queremos acompañar. Gracias gobernador por poder trabajar por una Santa Fe más segura”.

Estuvieron presentes en la subasta los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; y otros funcionarios y legisladores provinciales y municipales.

Sobre la Aprad

La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos.

Los vehículos pueden ser entregados para ser utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados o compactados. Otros elementos pueden ser entregados a entidades de beneficencia.