La ley busca garantizar que las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito se lleven a cabo de manera segura y transparente, eliminando riesgos asociados a fraudes como el "skimming". Este delito consiste en la extracción de datos de las tarjetas en los puntos de venta para crear tarjetas falsas o realizar compras fraudulentas, el proyecto propone medidas concretas para asegurar que los titulares de las tarjetas sean los únicos en manipularlas y visualizar la operación desde su inicio hasta la emisión del comprobante de pago.

"Con esta ley, buscamos que el uso de las tarjetas sea más seguro y transparente para los consumidores, protegiendo sus derechos y fortaleciendo la confianza en las transacciones electrónicas", expresó el senador Alcides Calvo.

El proyecto establece, entre otras medidas, que los comercios y proveedores de servicios que operan con sistemas de pago electrónico deberán asegurarse de que el titular de la tarjeta sea el único que manipule su tarjeta en el proceso de pago, y que el dispositivo de cobro (posnet) esté ubicado de manera visible y accesible. Además, se propone que los comercios requieran al titular de la tarjeta exhibirla para verificar que los datos y la firma coincidan con los del documento de identidad.

La ley también contempla un régimen sancionatorio para aquellos comercios que no cumplan con las disposiciones, incluyendo multas que van desde los 25.000 hasta los 200.000 Módulos Tributarios (MT), así como la posibilidad de clausura en casos graves o reincidentes.

Además, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, será la encargada de la implementación de la ley, lo que incluye la concientización, información y capacitación sobre el uso seguro de las tarjetas, a través de campañas que se difundirán en los comercios adheridos.

El senador Calvo también destacó la importancia de adaptar los dispositivos de cobro existentes para cumplir con las nuevas normativas en un plazo de noventa días desde la entrada en vigor de la ley.

"Este proyecto no solo mejora la seguridad jurídica de las compras y transacciones electrónicas, sino que también reducirá los reclamos y las disputas legales, fomentando una mayor confianza en el sistema de pagos", agregó el legislador.

Con esta iniciativa, la provincia de Santa Fe se adaptaría a las nuevas formas de comercio y pago electrónico, protegiendo los derechos de los consumidores y promoviendo un entorno de compras más seguro y transparente para todos.