Este proyecto responde a una necesidad urgente de modernizar y adecuar la infraestructura judicial en la región, con el objetivo de mejorar la eficiencia, seguridad y calidad de los servicios prestados tanto a los operadores del sistema de justicia como a la ciudadanía en general. La creciente demanda de servicios judiciales y el aumento de la actividad penal en Rafaela, que es uno de los principales polos judiciales del interior de la provincia, hacen que las actuales dependencias del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa Pública resulten insuficientes y poco adecuadas.

El proyecto destaca que tanto el Ministerio Público de la Acusación como la Defensa Pública realizan tareas esenciales para el servicio de justicia, incluyendo la recepción de denuncias, la investigación penal, la protección de víctimas y la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, las condiciones edilicias actuales dificultan su trabajo, ya que las dependencias se encuentran dispersas, adaptadas o no son aptas para brindar un servicio eficiente y acorde a las exigencias del sistema acusatorio, debiendo alquilar edificios en distintos sectores de la ciudad con altos costos operativos.

El senador Alcides Calvo subrayó “Es importante contar con un nuevo edificio que centralice todas las funciones del Ministerio Público, permitiendo la integración de áreas técnicas, salas de audiencia, dependencias administrativas y unidades de apoyo profesional en un mismo espacio físico. Esto no solo mejoraría la calidad del servicio, sino que también optimizaría los recursos y facilitaría la coordinación entre los diferentes actores del sistema judicial, por eso solicito su incorporación en el presupuesto provincial 2026-2027”.

La reciente reforma constitucional en la provincia también fortalece la independencia y autonomía del Ministerio Público, lo que hace aún más urgente que las condiciones institucionales y edilicias sean acordes con esta nueva realidad. El artículo 134 de la Constitución establece que el Ministerio Público es un órgano autónomo y autárquico, encargado de la persecución penal y la defensa de los derechos humanos, lo que requiere infraestructuras adecuadas para cumplir con su misión.