La iniciativa, que será aprobada por el Consejo de Ministros, permitirá acceder a un permiso de residencia y trabajo por un año a quienes puedan demostrar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. La admisión al trámite suspenderá automáticamente las órdenes de expulsión y los procedimientos de retorno por infracciones administrativas.
Para acreditar la residencia se aceptarán distintas pruebas, como el empadronamiento municipal, informes médicos, contratos de servicios o certificados de envío de dinero, lo que busca facilitar el acceso a personas que enfrentan dificultades para regularizar su situación.
Finalizado el período inicial, los beneficiarios podrán solicitar una autorización de residencia ordinaria conforme al reglamento de extranjería. Al tratarse de un real decreto, la medida no requiere aprobación parlamentaria.
Según datos oficiales, alrededor de 415.000 argentinos residen legalmente en España, casi la mitad con doble nacionalidad. Si bien no existen cifras precisas sobre cuántos viven en situación irregular, se estima que representan una minoría en comparación con otras nacionalidades latinoamericanas.
La medida se suma a los cambios introducidos en 2025 en el reglamento de extranjería y podría ofrecer una vía de regularización para argentinos que aún no lograron formalizar su residencia.
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