En una sesión especial exprés, los diputados aprobaron el proyecto de ley para aplicar la emergencia alimentaria. Si los senadores la aprobaran sin cambios, la iniciativa le demandaría al Estado entre $4000 millones y $10.000 millones hasta fin de año.
Así lo calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base al proyecto de ley elaborado por la oposición y aprobado con 222 votos afirmativos y sólo una abstención. El artículo 4° dispone “un incremento de emergencia, como mínimo del 50%, de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
Según la OPC, el proyecto con media sanción no indica cómo financiar la seguridad alimentaria y cuánto costaría en caso de tener el visto bueno del Senado, pero puntualizó: “Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados, el costo ascendería a $10.489 millones; si se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados hasta entonces, ascendería a $4.061 millones”.
El Gobierno y la oposición descuentan que el proyecto finalmente se aprobará en la Cámara alta. En ese caso, según establece el artículo 2°, “concierne al Estado nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la Argentina”.
El Gobierno ya había aumentado los recursos para contener a los sectores más vulnerables. En los primeros ocho meses del año, reforzó las partidas vinculadas a las políticas alimentaria por $5.560,6 millones, es decir 36,1% extra. Al 31 de agosto, entonces, el Ejecutivo destinó $20.977 millones. A partir de ahora, si el Senado lo aprueba, tendrá hasta $10.000 millones más.