.- Este año se recordará el 27º aniversario del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, en el cual murieron 29 personas -solo 22 de ellas fueron identificadas- y más de 200 resultaron heridas.
Como es tradicional, el acto central comenzará con el sonido de una sirena a las 14.45, a la misma hora en que se produjera el atentado, y la lectura de los nombres de los 22 muertos identificados; se depositarán ofrendas florales por parte de funcionarios, dirigentes comunitarios, familiares de víctimas y sobrevivientes; y se pronunciarán discursos alusivos.
La causa del atentado a la Embajada de Israel
En 2013, la Corte Suprema de Justicia informó a través de voceros que la investigación estaría “resuelta” tras el fallo del 23 de diciembre de 1999, que dio por acreditado que el atentado fue realizado por la organización terrorista libanesa Hezbollah.
Un presunto terrorista suicida habría detonado una camioneta Ford F-100 repleta de una mezcla de hexógeno y pentrita a las puertas de la casona donde funcionaba la legación, situada en Arroyo 910, casi Suipacha.
El vehículo fue comprado con dólares estadounidenses que tenían marcas características de las casas de cambio de Biblos, en El Líbano.
A pesar del blanco seleccionado, la mayoría de las víctimas no perteneció al personal de la embajada ni eran judíos, en una nueva muestra del indiscriminado accionar del terrorismo y el desinterés por la vida humana, independientemente de su origen, credo o nacionalidad.
Basta como muestra advertir que entre los muertos hubo argentinos, israelíes, bolivianos, un uruguayo y otro italiano, ancianas alojadas en un geriátrico ubicado enfrente de la legación, ocasionales peatones y hasta un cura.
Por tratarse de una representación extranjera, la competencia originaria le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que en los primeros años casi nada avanzó en la investigación, de la mano del octogenario Ricardo Levene (h) y su secretario, Alfredo Bisordi, y luego, de la composición con “mayoría automática” menemista, encabezada por Julio Nazareno.
Tras diversos intentos por cerrar la causa o adjudicar la explosión a un “autoatentado” o a la presencia de un nunca probado “arsenal” supuestamente escondido en el sótano de la Embajada, recién 5 años después se designó a un secretario especial, Esteban Canevari, quien empezó a impulsar la pesquisa con mayor responsabilidad.
El cambio de la composición de la Corte y la designación del fiscal especial José Luis Mandalunis para revisar lo actuado hasta el momento despertó ciertas esperanzas que aún no fueron satisfechas.
En la actualidad, sólo existen órdenes de captura dictadas en 2006 para el líder operativo de Hezbollah y su brazo armado, la Jihad Islámica libanesa -responsable del atentado-, Imad Moughniye (presuntamente asesinado con un coche-bomba en 2008, en Damasco, Siria) y el colombiano de origen libanés Salman el-Reda Reda, casado con una argentina y sospechoso de ser el coordinador local del ataque, ambos también imputados del atentado a la AMIA.
Si bien por el hecho no hay condenados, se sospecha que los autores del ataque ingresaron al país a través de Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
El único “éxito” logrado por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes fue la sanción, por unanimidad, de una ley resarcitoria, que habilitó una indemnización ya cobrada por la totalidad de ellos.
El atentado a la Embajada de Israel fue el peor ataque terrorista en la historia de Argentina hasta la voladura de la AMIA el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, y el ataque más sangriento contra una misión diplomática israelí.
